El concepto de desarrollo y, singularmente, de la ayuda pública al desarrollo, son relativamente recientes, los «inventó» Estados Unidos en la postguerra inmediata y muchos países los asimilaron posteriormente. Los debates sobre la medida de esta ayuda se articulan desde la década de 1970 en el hecho de que las naciones ricas dediquen el 0,7 % de su INB al desarrollo; promesa regularmente postergada por la mayoría de los donantes por no encontrar los medios para alcanzar dicho objetivo.

En ese contexto nacieron, a principios del siglo XXI, las financiaciones innovadoras del desarrollo.

Estas nuevas fuentes de financiación del desarrollo, estrechamente vinculadas a los bienes públicos mundiales, son complementarias de la ayuda presupuestaria tradicional de los Estados (APD). Sus características esenciales son la estabilidad y la previsibilidad.

Nacidas de las críticas frente a un mundo en el que se aceleran tanto los intercambios como las desigualdades, estas financiaciones también se concibieron desde el principio como un modo de corregir los efectos negativos de la globalización.

Se apoyan en varios mecanismos, desde el impuesto estatal hasta los partenariados públicos-privados, conciernen a varios sectores de la acción pública –sanidad y medio ambiente especialmente y se han ido asentando en el escenario internacional.

La noción designa hoy mecanismos que generan recursos adicionales a la Ayuda Pública al Desarrollo (APD), y que tienen mayor previsibilidad. Esta doble característica –adicionalidad y previsibilidad figura en las declaraciones políticas adoptadas en 2004, 2005, 2006 y 2008, así como en los informes elaborados al respecto (informe del Secretario General de las Naciones Unidas, informe cuadripartito, informe Landau en Francia).

El grupo piloto inicia un trabajo de cartografía de las distintas financiaciones innovadoras, aunque será difícil hacer una lista exhaustiva.