Un impuesto en pro de una mundialización solidaria

Marcio Pochmann y Giorgio Romano Schutte*

La última reunión del G-20 en Pittsburgh concluyó con una declaración que afirma que estamos en una fase crítica de transición con respecto a la crisis, dispuestos a “dar vuelta la página de una época de irresponsabilidad” y a adoptar un conjunto de políticas, reglamentaciones y reformas para hacer frente a las necesidades de la economía del siglo XXI.

Esta irresponsabilidad, no obstante, estaba siendo construida y acompañada por un proceso de concentración de la renta en función de los beneficios generados en el sector financiero, alejado de la economía real. Los famosos bonos generaron riquezas superiores al PIB de muchos países del Hemisferio Sur, que beneficiaron a personas físicas. Esa producción de riquezas financieras opera lo más lejos posible del ámbito de regulación tributaria y recurre ampliamente a los paraísos fiscales. Por otro lado, se manifiesta una incapacidad de la comunidad internacional para cumplir con los compromisos asumidos con respecto a los Objetivos del Milenio, a pesar de que estas metas para reducir el hambre y la pobreza, que deberían alcanzarse en 2015, sean bastante modestas.

El debate sobre la reglamentación de los mercados financieros no puede, pues, limitarse a restablecer los mecanismos que existían anteriormente sino que debe enfocarse como una oportunidad para transformar el orden económico mundial para que sea sostenible, multilateral y menos asimétrico. Parte de ese esfuerzo consiste en la construcción de mecanismos solidarios a nivel internacional destinados a erradicar el hambre y la extrema pobreza. Nada puede ser más justo, en aras de alcanzar ese bien público mundial, que solicitar una contribución a los sectores que más se enriquecieron con el avance de la globalización, los sectores financieros, mediante un impuesto a las transacciones financieras internacionales.En los años 1970, el Premio Nobel James Tobin, continuando con las ideas precursoras de Keynes, ya imaginaba un impuesto para limitar las especulaciones y las fluctuaciones en los mercados cambiarios. Así pues, el impuesto debería ser lo suficientemente elevado para garantizar ese efecto estabilizador.

En 2004 los presidentes Lula (Brasil), Chirac (Francia) y Lagos (Chile) sugirieron un nuevo enfoque sobre ese impuesto a las transacciones financieras dentro del marco de la iniciativa mundial contra el hambre y la pobreza. Se destinaría exclusivamente a obtener recursos para el desarrollo sin afectar la liquidez de los mercados. La alícuota de dicha tributación debía ser muy baja para minimizar los efectos en los mercados financieros así como los riesgos de evasión. A pesar de todo, incluso con porcentajes muy bajos, esos impuestos generarían rendimientos importantes debido a la magnitud de dichas transacciones.

De acuerdo con las cifras del Banco de Pagos Internacionales (BPI), se trata de unos 777,5 trillones de dólares EE.UU. por año. Incluso con un impacto mínimo en las transacciones debido a la introducción de ese impuesto con una alícuota del 0,005%, se garantizarían cerca de 33.000 millones de dólares EE.UU. por año para las acciones solidarias tendentes a combatir el hambre y la extrema pobreza.

Doce países, entre ellos Brasil, Francia, Chile, España, Alemania e incluso el Reino Unido, principal plaza de las transacciones cambiarias del mundo, dieron un nuevo impulso al debate en octubre de 2009 al crear un equipo de tareas y un grupo de expertos para elaborar un informe destinado a fomentar el debate en los foros decisorios. Hasta el propio FMI, para el que dicho tema era tabú hasta hace muy poco, presentará en la próxima cumbre del G-20, que se celebrará en junio de 2010 en Canadá, el resultado de un estudio sobre el tema.

No cabe ninguna duda de que la viabilidad política de esta propuesta también está asociada a aquellas destinadas al uso de los fondos, incluida la gobernanza, de igual importancia para concederle credibilidad. Por este motivo el grupo de expertos debe presentar aún ideas sobre la canalización de los recursos y el control democrático.

En 2010 el impuesto a las transacciones financieras figurará de seguro en el orden del día de muchas cumbres e instituciones de gobernanza mundial, y tendrá que constar también en las propuestas que se debatirán sobre una nueva reglamentación del sistema financiero internacional. Ese mismo año las Naciones Unidas evaluarán igualmente los progresos obtenidos con respecto a la consecución de los Objetivos del Milenio, prevista para 2015. Por ello tiene mucho sentido volver a debatir la tributación que podría aplicarse a los flujos financieros internacionales así como un mecanismo de financiación del desarrollo y una alianza solidaria para erradicar el hambre y la extrema pobreza.

*Marcio Pochmann, presidente del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), es miembro del Grupo de Expertos sobre impuestos a las transacciones financieras.

Giorgio Romano Schutte es coordinador de estudios de política internacional del IPEA.